"La Comunidad de Madrid comenzó protegiendo a todos los menores inmigrantes, pero después asumió directamente la función jurídica poniendo cada vez más obstáculos a su regularización  y favoreciendo el paulatino proceso de delegación hacia el Tercer Sector"

1.- ¿Cuál es la situación de la investigación social en España?

     La investigación social ha ido teniendo, a lo largo de los últimos años, un espacio de mayor reconocimiento, sobre todo ligado a temas de exclusión social y a las migraciones. Cada vez más, las Administraciones Públicas y las ONG han visto en la investigación una vía por donde pensar las políticas públicas y las intervenciones.  
     Ahora bien, investigar no significa saber más, conocer las estructuras sociales. Creo que la investigación social en España todavía adolece de una reflexión importante desde el punto de vista teórico y metodológico. Varias son las cuestiones que me llevan a pensar esto. En primer lugar, la escasa financiación que tiene la investigación.
   En segundo lugar, la escandalosa creencia de que una investigación sobre temas tan complejos se puede llevar a cabo en unos meses o en un año (muchos de los organismos públicos que financian te ponen estos plazos), con lo cual, no se puede esperar que los resultados sean serios y estén cotejados. 

   En tercer lugar, la investigación social depende en gran medida, al igual que el Tercer Sector, de la financiación pública o de empresas privadas (a través de la llamada “Responsabilidad Social corporativa”), y esto ya supone una cierta dependencia ya que los y las investigadoras encontramos escaso margen para decidir sobre las fases básicas de la investigación (el tema, las hipótesis de partida, la metodología, la forma de expresar los resultados…).
   Y, por último, relacionado con lo anterior, gran parte de la investigación social que depende de estos financiadores se lleva a cabo para conjugar ese mecanismo entre “saber” y “gobierno”, al que Michel Foucault denominó magistralmente como "gubernamentalidad". Hace falta realmente profundizar más en lo que pretendemos estudiar y, sobre todo, preguntarnos quién nos pide las investigaciones, porqué y para qué.

2.- ¿Es optimista respecto a la creación del nuevo Ministerio de Investigación?

   Me parecería un avance importantísimo. Asímismo, cada organización que se dedica a la acción social debería tener su propio departamento de investigación social, o bien, estar en continuo contacto con las Universidades (que tienen un poco más de libertad de opinión). Sin embargo, habría que tener cuidado en no responder a las necesidades de los poderes públicos de controlar los colectivos considerados en riesgo.  
 

   Un Ministerio de la Investigación deberá partir, primero, de la pregunta por la propia sociedad, por nuestras pautas segregadoras, por el proceso mediante el cual los y las europeas están en el espacio de los derechos y las personas extracomunitarias en suelo europeo muchas veces no lo están. Sobre todo, hace falta que un Ministerio así se pregunte sobre sus propios procesos de “gubernamentalidad”.

3.- ¿Hasta qué punto se tiene miedo a la investigación social por las repercusiones que pueda generar?

   Lamentablemente, creo que es muy fácil manipular las investigaciones sociales, por eso también los y las investigadoras no tenemos aún un reconocimiento pleno. Un ejemplo de esto es lo que sucede con la prostitución. No hay un tema tan controvertido que genere tal cantidad de investigación y papel, que bien podría haberse ahorrado económicamente.
   Nadie tiene idea de dónde salen las cifras que se manejan sobre prostitución en España. Nadie sabe qué porcentajes de personas extranjeras hay. Nadie sabe qué porcentajes de personas están en situación de explotación sexual y engaño, pero aparecen investigaciones por todos lados avalando la degradación que supone la prostitución y la necesidad de “rescatar” a las mujeres de ésta.  
   Resultado: la segregación y persecución continua de las personas que se dedican a esta actividad, desacreditándolas como sujetos activos, alejándolas de los espacios abiertos y transitados y expulsándolas a zonas de invisibilidad.
   Todo lo cual favorece que sean víctimas de violencia. Cuando son víctimas de violencia, se cumple lo que “los investigadores decían”, cerrando el ciclo de la profecía de autocumplimiento. Para mí, este es el ejemplo más claro de cómo la investigación responde a los designios de las estructuras de poder y estas son sus consecuencias más nefastas: perpetuar dichas estructuras.

4.- ¿Existe ánimo de transparencia en las entidades públicas y privadas a la hora de proporcionar información?

   No creo que se trate de “ocultar información”. El poder no funciona así. Volviendo a Foucault, el poder es reticular y en sus mallas estamos todos y todas, es decir, nosotros/as mismos/as respondemos al poder con nuestros propios actos y nuestros cuerpos, y por eso es tan difícil conocer las estructuras de poder.   

   Cuando una parte importante de la sociedad coincide en que la inmigración es “problemática” no se está ocultando información o siendo poco transparente. Se financiarán investigaciones para comprobar que efectivamente los y las inmigrantes están en situación de exclusión social; se crearán programas de intervención para ayudar a los y las inmigrantes a “salir de la exclusión social”; comprobaremos en la intervención que es muy complicado que las personas tengan una “integración social exitosa” (en base a los parámetros que consideramos exitoso en nuestra sociedad); concluiremos que realmente es un problema inmigrar.
   Esta secuencia responde a un proceso por el cual nombramos la realidad, determinamos qué está bien o qué está mal, definimos quienes son los sujetos que entran en el marco de la ciudadanía y quienes no; por tanto, más que ocultar, creamos la realidad; claro está, la realidad que queremos. En este sentido, el poder es creador. Las entidades públicas y privadas crean la realidad e intervienen sobre ella, y en eso son transparentes.


5.- Respecto al clásico de Sociología “La construcción social de la realidad”, de Berger y Luckmann, ¿cuál es su grado de vigencia?

   Al hilo de lo anterior, me parece totalmente vigente.  Actualmente no sólo decimos que la realidad se construye (que es lo que hacen los poderes públicos cuando definen quiénes son los grupos que les causan problemas; o las ONG cuando definen a sus sujetos de intervención), sino que también, y afortunadamente, las propias personas también tenemos poder.
   La mayoría de las veces no para transformar las estructuras (que sería lo deseable, sobre todo si son desigualitarias), sino para ejercer pequeñas resistencias, pequeñas fugas. Esto es lo que hacen los y las migrantes: se fugan de estructuras que les constriñen y buscan otras; es lo que hacen los menores migrantes que viajan solos: se fugan de los centros cuando intuyen que les van a repatriar; es lo que hacen las trabajadoras sexuales: cuestionan las funciones tradicionales de la mujer… 

   Todas estas pequeñas resistencias son posibles incluso dentro de las estructuras de poder, utilizándolas, procurando sacar provecho de ellas. Eso es lo que nos permite hablar de la enorme capacidad de agencia de las personas para poder sobrevivir y salir adelante en medio de las barreras (jurídicas, sociales, geográficas, culturales) que se les impone.

6.- Desde el año 1996, aproximadamente, se empieza a visibilizar como fenómeno social la migración de menores de edad que llegan a España sin la compañía de un adulto responsable de los mismos (lo que se conoce como MMNA). ¿Existen diferentes etapas en este fenómeno con diferentes respuestas?

   Sí, existen diferentes etapas dependiendo de las Comunidades Autónomas, ya que el sistema de protección de los menores está descentralizado.
   Yo creo que siempre han emigrado menores más o menos solos. Pensemos en el caso de los jóvenes marroquíes que eran traídos por sus padres para que les ayudaran en el trabajo o en las tareas del hogar, mientras la madre y el resto de hermanos se encontraban en Marruecos. 
   Muchos de estos jóvenes pasaban el día solos y tenían una enorme responsabilidad. No será hasta 1996, cuando se aprueba la Ley de Protección del Menor, cuando muchas de estas situaciones migratorias se empiecen a considerar como situaciones de desamparo, creándose la nueva figura del menor migrante desamparado. 
   Esto puede haber funcionado como la oportunidad esperada para muchas familias marroquíes que deseaban tener algún miembro en España, y sobre todo que estuviera bien atendido, ya que desde 1991 los y las marroquíes tienen muy difícil venir a España por la restricción del visado. Debido a estas restricciones comienzan a llegar otros jóvenes cada vez más pequeños con el fin de ser protegidos. 

   Las administraciones públicas ven en esta estrategia un peligro porque imaginan que se les vendrá encima toda la juventud marroquí. Lo cierto es que actualmente hablamos de unos 4.000 menores no acompañados aproximadamente, cifra que no me parece en absoluto una avalancha.
   Por otra parte, no todos los menores que están tutelados están solos, como se cree. Yo diría que la mayoría tiene algún familiar en España (hermanos, padre, tíos, primos…), pero las posibilidades de tener la documentación en regla y de estudiar son mínimas con estos familiares.
   Por tanto, muchas son reagrupaciones de facto, ya que los procesos de reagrupación legal son prácticamente imposibles (de hecho la reagrupación entre hermanos no existe legalmente). La gente se tiene que buscar la vida, y entrar en España para ser tutelado es una posibilidad.
   Hay otras formas de buscarse la vida que, sin embargo, nunca se nombran, como la de migrar de forma irregular y terminar trabajando en la agricultura española siendo menor de edad. En este caso, los empresarios están cometiendo como mínimo dos delitos: la contratación ilegal y la contratación de menores sin autorización de sus tutores, pero esto es algo que permanece invisible en medio del complejo entramado de subcontrataciones de la agricultura intensiva española.
   A estos jóvenes, les hemos protegido en sistemas infantilizadores configurándolos como nuevo sujeto de protección, sin embargo, les hemos vetado el derecho a ser oídos, a decidir por sí mismos, a acceder a los derechos de ciudadanía (se les tutela, pero se les regatea la regularización). Así, hemos creado un espacio burbuja donde los menores tienen para comer y acceden a ropas de marca, pero no pueden ser sujetos de derecho. Este espacio favorece la construcción de identidades colectivas; todo lo cual confirma a los investigadores que se trata de menores con unas características homogéneas. Así, hemos creado el fenómeno y lo hemos perpetuado.

¿No sería más fácil favorecer la cooperación con Marruecos promoviendo unas migraciones adultas que ayuden a la modernización de ese país, así como al crecimiento económico, social y cultural del nuestro?


7.- En tu tesis te centras en la práctica de la intervención con menores no acompañados por parte de las ONG a través de un proceso de delegación hacia éstas de las responsabilidades del Estado de Bienestar y pones como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es tu valoración de la política que el gobierno regional ha llevado a cabo con estos menores en estos últimos 13 años?

     La Comunidad de Madrid comenzó protegiendo a todos los menores que llegaban supuestamente solos, respondiendo a los mandatos de la Ley de Protección. Incluso durante un par de años delegó en las ONG la tarea de regularizarlos de acuerdo a la ley.  
     Pero después asumió directamente la función jurídica poniendo cada vez más obstáculos a la regularización de los menores. También favoreció el paulatino proceso de delegación hacia el Tercer Sector de la responsabilidad de la guarda de la mayoría de los jóvenes extranjeros, promoviendo programas específicos.
     Su II Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia hace mención expresa de la necesidad de una actuación delegada y segregada de estos menores dadas sus “características propias” y su nivel de conflictividad (habiéndose observado sus conductas de fugas de los centros, de movilidad geográfica y de tensión que presentaban, conductas producidas la mayor parte de las veces por la propia actuación obstaculizadora de la CAM). En un tercer momento, se valió de la figura de la reagrupación familiar para sembrar el miedo en los centros y hacer más dócil no sólo a la infancia extranjera, sino también a las entidades encargadas de la guarda.   

     Esta estrategia no le ha salido muy bien y muchas entidades se han movilizado para denunciar prácticas inconstitucionales. Finalmente, se ha procedido a una simplificación de los procesos de reagrupación que pasaron a llamarse repatriación directamente y se han creado centros de intervención con menores en Marruecos con fondos de la Cooperación para el Desarrollo. Estos centros han servido y podrían servir para repatriaciones que pasarán por alto a las familias de los menores, al conseguirse que sean entregados directamente a las instituciones.
     Estos pasos de perfeccionamiento del sistema de intervención con menores no acompañados lo único que han logrado es que los menores desplieguen cada vez más estrategias de supervivencia: regreso a España cuando son repatriados, movilidad geográfica entre Comunidades Autónomas según mejor les convenga a sus propósitos, cambio de nombre, ocultar que tienen familia en España, utilizar los centros cuando los necesitan y vivir de forma autónoma cuando no, mentir que tienen menos de 18 años, falsificar sus documentos… pequeñas resistencias.
     Pero que a veces les salen mal y en cada nuevo intento ponen más el cuerpo, arriesgan y se hacen daño. En esta pugna entre Administración y los menores, ambos se construyen mutuamente.

8. Afirmas que hablamos de un fenómeno que cuestiona los sistemas de protección del menor y su incapacidad para respetar sus derechos y para flexibilizarse y adaptarse a nuevas cuestiones sociales. ¿Por qué?

     La Convención de los Derechos del Niño de 1989, si bien ha supuesto un avance importante en el camino de reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derecho, sigue teniendo enormes déficits porque a la hora de desarrollar cada uno de los derechos vuelve a caer en el paradigma proteccionista que poco tiene que ver con considerarlos/as sujetos activos/as. 

     Por ejemplo, desarrolla el concepto de “interés superior del niño”, tan mencionado cada vez que se toma una decisión sobre los menores, pero que sin embargo nadie sabe qué contenido tiene exactamente, dejando a los adultos decidir constantemente por los y las niñas. Es, como dice un grupo de investigadores: “el todo por los niños, pero sin los niños”.
   Los menores no acompañados, con su sola presencia, ponen en entredicho este paradigma proteccionista porque en el tratamiento que se les da se entreven estas contradicciones. Además, no son sujetos fáciles de someter: despliegan innumerables estrategias de supervivencia. Esto es lo que ha llevado a un Fiscal de Menores a decir que “no son tan menores” y que si se saben arreglar la vida, no hay porqué tutelarlos.
     Efectivamente, considero que una tutela proteccionista, que exige poca contraprestación, que cubre todas las necesidades y que deja poco margen al trabajo pedagógico precisamente por como está montado, no es un paradigma que sirva con estos menores. Por tanto, habrá que idear otros más basados en la educación liberadora.
   Por tanto, tal vez deberíamos alejarnos de planteamientos proteccionistas y apuntar más a plantear el tratamiento de estos jóvenes desde el marco de la ciudadanía global, con sus derechos y obligaciones al igual que cualquier persona.

9.- ¿Crees que sería necesario ampliar la edad de amparo más allá de los 18 años, estableciendo un itinerario personal según las circunstancias de cada chico?

     Por lo dicho anteriormente, no considero que haya que ampliar el paradigma de la protección ni la edad del amparo. Lo que hay que hacer es idear nuevas formas de intervención emancipadoras, basadas en la convivencia intercultural y en la construcción de una sociedad plural como ya es España. 

     Además, habría que trabajar mano a mano con Marruecos, y con las familias de los jóvenes. Propiciar unas migraciones que nos beneficien a todos y todas, y una cooperación para el desarrollo que no sea devastadora de las materias primas o explotadora de la mano de obra.
     Habría que favorecer el intercambio estudiantil con Marruecos, facilitar la formación y profesionalización de jóvenes marroquíes aquí y allí. Habría que facilitar los procesos de reagrupación familiar en España evitando criminalizar la ya consolidada “familia red” marroquí que puede perfectamente vivir transnacionalmente con miembros en España y miembros en Marruecos.
     Esto ayudaría también a determinar cuáles son los jóvenes más desprotegidos o sin familia que realmente necesitan mayor apoyo. En fin, se pueden hacer muchas cosas, pero todo, claro está, en el sentido contrario de rechazar las migraciones africanas porque tengamos miedo al Islam, a la pobreza y la piel más oscura. 

10.- ¿Consideras que el Tercer Sector se está consolidando como una pieza fundamental en el proceso de reestructuración del Estado de Bienestar en un sistema mixto de bienestar?

   El Tercer Sector es parte integrante de ese proceso que ya no se puede llamar de reestructuración, porque viene desde hace mucho tiempo. El Estado de Bienestar español ha sido tradicionalmente familista, es decir, se ha hecho cargo de la función reproductiva en la medida en que no ha sido posible que lo hiciera la familia: mientras ha habido familia y sobre todo una mujer, el Estado no ha intervenido. 
     No podemos decir que el Estado de Bienestar haya logrado un desarrollo deseable. Pero aún promoviendo este bajo nivel de protección social se decide propiciar una serie de nuevos agentes que entran en la escena de dicha protección: ONG, empresas privadas con fines sociales, la responsabilidad social corporativa de las grandes multinacionales… que comenzarán a hacerse cargo de parte de la población excluida de los medios de producción (personas dependientes, personas con problemática de drogodependencias, mujeres en situación de maltrato, reclusos/as… y cada vez más, inmigrantes e infancia en desamparo). 
     Es decir, el gobierno de las poblaciones en riesgo o que no producen riqueza, se deja en manos de entidades y empresas. Esto no es un Estado de Bienestar, es un Welfare Mix, como algunos autores lo llaman. A todo esto se une que el Estado sigue teniendo poder en el control de esa intervención porque es el que financia (a través de sus diferentes administraciones) la mayor parte de los programas, dejando escaso margen a las ONG para que actúen.
   Se trata de un gobierno a distancia. Finalmente, la consecuencia más grave es el coste de los servicios, que la mayor parte de las veces se rebaja gracias a la flexibilidad de la mano de obra profesional en el Tercer Sector: contratos temporales, sueldos vergonzosos, jornadas agotadoras, enorme responsabilidad social, etc. No puedo extenderme aquí en todo lo que esto ocasiona en el día a día en la intervención con los grupos que se quiere ayudar, pero las consecuencias son obvias.

11.- ¿Sería posible adelantar un pronóstico a corto y medio plazo sobre la evolución del fenómeno de los MMNA?

     No podría arriesgarme a tal pronóstico. El tratamiento de los MMNA ha ido marcado por una enorme imprevisibilidad, poca planificación, nada de reflexión teórica… Muchas veces se ha actuado para paliar un miedo (el de la invasión), o bien para cumplir la letra de la Ley de Protección casi por obligación. 

     En definitiva, las decisiones han estado marcadas por la arbitrariedad y, sobre todo, el oscurantismo: nadie sabe qué se quiere hacer con estos menores, nadie sabe cuáles son los criterios utilizados para sus repatriaciones, sus procesos de regularización o sus procesos de protección. Incluso las ONG que tienen la guarda de estos menores no están informadas de dichos criterios ni de las decisiones, con lo que se les deja poco margen para trabajar pedagógicamente procesos de inclusión a largo plazo. Con este panorama, no se puede asegurar que de un momento a otro se vuelva a tomar una decisión respecto a los MMNA que nos deje a todos y todas atónitas. 
     Lo que sí podemos decir es que las migraciones no desaparecerán y no parece haber forma de controlarlas policialmente. Por tanto, creo que tenemos que tranquilizarnos, confiar en la agencia de las personas, apoyar sus proyectos, conocer otros habitos, cuestionar los nuestros, interactuar, vincularnos y construir la sociedad plural que sería deseable. Respecto a los jóvenes y menores no acompañados, lo que debemos hacer es ser conscientes de que ningún concepto agota a su referente, es decir, por más que nos empeñemos en calificarlos como “colectivo” homogéneo, cada sujeto es único e irrepetible.

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